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“A tenor de la repercusión obtenida por la noticia, lo mínimo exigible, ante las expectativas que la misma ha podido despertar en los ciudadanos, es que el grupo proponente de la enmienda aclarase el cambio de parecer, cortando de raíz las malas interpretaciones y la ‘publicidad engañosa’ que la noticia ha generado y genera”, se quejan desde la Asociación.
En efecto, la enmienda del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP) número 3459 al Preámbulo VII, señalaba: “En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles se establece una bonificación potestativa para los ayuntamientos al objeto de incentivar la mejora de la eficiencia energética de los bienes inmuebles urbanos”.
Sin embargo, la enmienda desapareció de la Ley de Presupuestos Generales del Estado “coartando la posibilidad de inaugurar una vía de bonificaciones fiscales a nivel municipal ligadas a la rehabilitación energética y al impulso de su certificación”.
Esta bonificación impositiva, según Adeces, contribuiría a impulsar la rehabilitación energética de viviendas, el empleo y el PIB.
Un reciente estudio realizado por el Centro Nacional de Energías Renovables, Cener, y PricewaterhouseCoopers, estimaba para una reducción del IBI del 25%, un número de viviendas adicionales rehabilitadas de casi 14.000, un incremento del PIB anual de 173 millones de Euros y más de 4.000 empleos a tiempo completo.
Como se señalaba anteriormente, este tipo de bonificaciones proporcionarían un impulso a la certificación energética en España, que es el instrumento que verifica la rehabilitación realizada y el nivel de eficiencia alcanzando.
Según el último balance del Ministerio de Industria la certificación energética apenas sobrepasa el 1,1 millones de edificios existentes, de un parque de más de 9,8 millones.
“A pesar de toda la repercusión pública obtenida por la noticia, lo cierto es que esta bonificación no está contemplada en la Ley”, concluyen.
