En 2008, exactamente por estas fechas, había quien no quería ver que España había entrado en una de las peores crisis de su historia. Con anterioridad se sufrieron otras, y graves, pero siempre habían incidido
sobre un sector concreto, no sobre la economía en general. No hace falta recordar que la construcción fue una de las áreas más perjudicadas, ya que, de hecho, aún se está discutiendo si se ha superado definitivamente o no. De estas traumáticas experiencias hay que sacar conclusiones y aprender para aplicar las medidas que eviten que vuelvan a repetirse o, al menos, que si se dan, sean de menor intensidad. En esa línea, uno de los últimos actos del ya ex ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, fue presidir la Conferencia Sectorial de Vivienda, Urbanismo y Suelo, en la que se presentó el Anteproyecto de Ley de Medidas Administrativas y Procesales para reforzar la seguridad jurídica en el ámbito de la ordenación territorial. Se trata de evitar la nulidad total de los planes generales de ordenación urbana (PGOU) y otros instrumentos de ordenación del territorio y urbanísticos, cuando incurren en un defecto formal o material en alguno de sus apartados. Hasta ahora, estos casos conllevaban la invalidación completa, ya que no había posibilidad alguna de subsanación, y por tanto, obligaban a repetir todo el proceso desde cero, a pesar de que elaborar un plan de este tipo es complejo y puede durar 6 y 7 años, e incluso más. La pregunta es, ¿por qué no se hacía así hasta ahora?