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El Ministerio de Fomento haya decidido mejorar los parámetros a aplicar en la adjudicación de las obras y trabaja para que sea la subasta el método que prevalezca frente al concurso, donde también inciden consideraciones más técnicas.

La transparencia se ha convertido en un concepto  cada vez más demandado y aplicado a toda actuación relacionada con la administración pública. De ahí que el Ministerio de Fomento haya decidido mejorar los parámetros a aplicar en la adjudicación de las obras y trabaja para que sea la subasta el método que prevalezca frente al concurso, donde también inciden consideraciones más técnicas.
El Gobierno quiere primar el coste de los proyectos. De hecho, es  una fórmula que utiliza en la actualidad con frecuencia e incluso en los concursos aplica ya un baremo en el que se puntúa con un mayor porcentaje la propuesta económica que las especificaciones técnicas (el 70% del peso se le da al presupuesto) frente al modelo anterior en el que se valoraban ambos aspectos por igual.
Otra novedad que se plantea el Ejecutivo es la de anular las bajas temerarias, es decir, todas aquellas ofertas que proponen una rebaja del precio de licitación menor que la media resultante de la rebaja conjunta de todos los licitantes.
 
RESOLUCIÓN EXPRÉS
Los datos avalan que este tipo de bajas son corrientes en estas adjudicaciones. El pasado año, la media fue del 26% en los concursos de Fomento y escaló hasta el 31% en las actuaciones puestas en marcha por Medio Ambiente.
Para que este mecanismo de la subasta se aplique en un futuro en el cien por cien de las adjudicaciones y no se disparen después los presupuestos, Fomento podría recurrir a la resolución exprés de los contratos que sobrepasen con mucho el precio establecido. Con ello, la Administración se aseguraría poder reconducir el proyecto y tendría la potestad de volver a licitarla con rapidez.
Asimismo, otro mecanismo para garantizar la viavilidad de esta propuesta y que el presupuesto final no se aleje del previsto será que los modificados de las obras estarán limitados al 10%.
Con esta medida se pretende que toda actuación adicional que supere ese margen tendrá que salir también a licitación. Una fórmula que de nuevo abre la posibilidad de que la ejecución de los proyectos pueda alargarse más en el tiempo y haya opción a buscar nuevas modalidades de financiación.
Cabe reseñar que las cifras sobre las desviaciones medias del coste acordado se han mantenido en los últimos años en un 17% en actuaciones en carreteras,  un 8% en los ferrocarriles y el 23% en planes relacionados con puertos.

COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA
Otra de las asignaturas pendientes del Ejecutivo en materia de infraestructuras públicas es la cooperación de la Administración con el tejido empresarial. Destacan acciones como la iniciada por el Foro de Empresa de Madrid, que colaborará con el Ayuntamiento para proyectos estratégicos y de planeamiento de la ciudad.
Con diez socios fundadores, nace con el objetivo de apoyar la candidatura a los Juegos Olímpicos 2020 y también ayudar a mejorar zonas con equipamientos degradados.

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