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A partir del próximo 1 de junio, entrará en vigor la nueva clasificación para las viviendas en venta y alquiler, que traerá consigo la obligatoriedad de acreditar una certificación energética. Esto es, el grado de emisiones de CO2 y que va desde la letra A –mayor ahorro– hasta la G –mayor gasto– según el consumo de cada hogar. Una vez obtenida, se prevé que tenga validez para diez años. Esta etiqueta debe aparecer en todas las ofertas, anuncios y promociones. Según calculan los responsables de la ley, podría afectar a un millón y medio de casas.
Además, la medida no sólo atañe a hogares sino que también se verán incluidas oficinas, locales comerciales junto con otros edificios públicos y privados. Sólo quedan excluidos los monumentos y construcciones protegidas, lugares de culto o viviendas que sean arrendadas durante menos de cuatro meses.
El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (Idae) se encargará de verificarlo con técnicos que auditarán in situ la eficiencia energética y ofrecerán una serie de pautas de mejora a los propietarios de los inmuebles. En concreto, medirán parámetros como la ubicación, metros de superficie, antigüedad, materiales de fachada, iluminación, sistemas de calefacción y refrigeración o la tipología de ventanas, entre otros aspectos.
En cuanto al coste que supondrá obtener esta certificación, no existe un precio cerrado y según los expertos podrá varíar entre los 90 y unos 250 euros, en función del tamaño de la vivienda, año de construcción o sus características. En este caso, el nuevo plan que maneja el Gobierno contempla ofrecer ayudas para aquellas comunidades de vecinos que necesiten realizar mejoras de este tipo.
