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Según estas agrupaciones, la quiebra de proyectos los dejará en manos de las entidades bancarias y aumentará el riesgo financiero. Matizan que la prometida “rentabilidad razonable” del 7,5% es muy inferior al aplicar impuestos y dependerá de los estándares que discrecionalmente establezca el Gobierno.

Las asociaciones de renovables Anpier, Appa, Protermosolar y Unef han denunciado que las nuevas medidas para el sector eléctrico son “gravemente retroactivas y quiebran la seguridad jurídica del país”. Esta situación, a su vez, llevará a la quiebra a numerosos inversores –particularmente familiares–, que deberán entregar sus instalaciones renovables a las entidades financiadoras al no poder afrontar el servicio de la deuda. Por todo ello, las asociaciones entienden que se puede hablar de un “proceso de expropiación encubierta”.

Tras meses de incertidumbre sobre del sector renovable, en el que estas agrupaciones recalcan que ha habido una total ausencia de diálogo, el Gobierno ha publicado el Real Decreto-Ley 9/2013, “cuyo contenido es totalmente retroactivo para las energías renovables”, insisten desde estas entidades.

Así, matizan que, en virtud de las disposiciones del RD-L 9/13, las renovables verán radicalmente sustituido su actual esquema de retribución por otro que pretende garantizar una rentabilidad razonable en función de parámetros desconocidos y que, según los cálculos del propio Gobierno, supondrá una merma de ingresos superior a los 1.300 millones de euros.

"LLEVAR A LA QUIEBRA"

Recalcan que un ajuste de tal magnitud (un 15% de los ingresos del régimen especial), sumado a otros anteriores que ya ha sufrido el sector, que en algunos casos han alcanzado hasta el 40% de los ingresos, “llevará a la quiebra a numerosas instalaciones, porque no podrán devolver los créditos que las financiaron. Sus propietarios tendrán que entregarlas a los bancos, más las garantías que las respaldaban”, advierten estas asociaciones sectoriales.

Por último, matizan que cuando el Gobierno indica que establecerá una “rentabilidad razonable” del 7,5%, ligada a las Obligaciones del Estado y a unos estándares de inversión y explotación todavía desconocidos, “está realizando un ejercicio de abstracción mental, puesto que esa rentabilidad se ha calculado antes de impuestos y sólo la podría obtener, de acuerdo con el RD-L 9/13, una empresa eficiente y bien gestionada”, apuntan los responsables de las agrupaciones.

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