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Los problemas con las licencias de obras son habituales para los fabricantes de viviendas prefabricadas, que se ven obligados a pagar pocas horas después de instalar una casa en un solar. Esta y otras prácticas que perjudican al sector serán revisadas por el Ministerio de Industria y de Fomento, que recientemente ha encargado a la Asociación de Fabricantes y Constructores de Casas de Madera, AFCCM, la redacción de un borrador donde se recojan las demandas de este segmento.
La Dirección General de la Vivienda será la encargada de elaborar el marco legal definitivo, un texto que desde el sector lleva tiempo demandándose en ausencia de una normativa específica sobre la materia. “Se está aplicando a la fabricación de viviendas la misma norma que a la construcción de viviendas, lo cual genera confusión y perjuicios notables a quienes nos dedicamos a fabricar casas de madera”, explica el presidente de la patronal, Manuel Muelas.
Uno de los talones de Aquiles que se producen con la normativa actual reside en el hecho de que los ayuntamientos exijan a los fabricantes de viviendas solicitar y pagar una licencia de demolición más otra nueva de obra cuando se traslada una vivienda de este tipo de un lugar a otro, ya que se trata del mismo producto. Algo que no sucede en el resto de la UE o en EE UU, donde se asigna al fabricante una serie de responsabilidades; eliminando a su vez numerosos trámites en el camino. “Eso es lo que pedimos a los citados organismos, para modernizar y racionalizar el sector”, concluye Muelas.
Entre las variables a estudiar, también se tratarán las relativas a campos como la repercusión medioambiental o el ahorro energético, donde existen “diferencias importantes” entre la edificación residencial y la construcción industrializada de viviendas.
