En él se fija determinadas cuotas de consumo energético procedentes de fuentes renovables (2009/28/EC), una reclamación que la Asociación de Productores de Energías Renovables viene haciendo desde hace tiempo.
En concreto, el dictamen motivado, que la Comisión Europea también ha enviado a Italia, especifica que España no le ha informado de todas las medidas de transposición necesarias para incorporar plenamente la directiva a su legislación nacional. Además, advierte de que si no cumple con esta obligación jurídica en dos meses estudiará si llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE.
La APPA ya advirtió el pasado mes de abril de que España será uno de los países que incumpla en mayor medida sus propios objetivos de porcentaje de renovables en el año 2020, según un informe publicado por la Comisión Europea encargado a un consorcio liderado por la consultora Ecofys para analizar la situación de los Estados miembros en relación a la transposición de la citada directiva.
En función de los distintos escenarios previstos en este informe, España solamente lograría alcanzar entre un 12,6 y 17,1% de energías renovables en el 2020. Unas estimaciones inalcanzables a día de hoy para APPA dado que fueron realizadas antes de que el Gobierno aprobara el paquete de propuestas para la reforma eléctrica. En cualquier caso, esos porcentajes ya supondrían de por sí una clara infracción no sólo de su objetivo mínimo del 20% fijado en la Directiva de energías renovables (2009/28/CE) sino también del objetivo inicial previsto del 22,7% en el Plan de Acción en materia de energías renovables (PANER) y del 20,8% fijado por el Gobierno español en su propio Plan de Energías Renovables (PER) para el 2011- 2020.
Asimismo, la propia Comisión Europea llamó la atención en marzo, con motivo de la presentación del Informe de avance sobre la energía procedente de fuentes renovables, sobre el hecho de que si no se logran los objetivos renovables para 2020 se frenará la consecución de objetivos tan importantes en la política energética de la UE como la seguridad de abastecimiento y de energía sostenible. “Es más, un despliegue insuficiente de varias tecnologías de energías renovables impediría reducir convenientemente los costes de producción y, por ende, obstaculizaría la contribución de la energía renovable a la competitividad de la UE”, explicó en esa misma ocasión la Comisión.