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"Las instituciones de la UE no han aprovechado la oportunidad de resolver uno de los más graves defectos de las directivas de contratación pública vigentes", lamenta Ulrich Paetzold, director general de la Federación Europea de Industrias de la Construcción, Fiec. "Quiero decir que la identificación y el tratamiento de las ofertas anormalmente bajas es una verdadera maldición en el sector de la construcción", sentenció.

La adopción el pasado día 16 por el Parlamento Europeo de las tres directivas del paquete de nuevas medidas de la contratación pública (clásicos, servicios públicos y concesiones) abre el camino para la entrada en vigor de las nuevas normas antes de las elecciones europeas, con un plazo de adaptación de dos años. "En cualquier caso, estas nuevas normas no van a cambiar el mundo", señala Paetzold, director general de la Federación Europea de Industrias de la Construcción, Fiec.


"Por encima de todo, lamentamos que los legisladores de la UE parecen subestimar las consecuencias negativas de las ofertas anormalmente bajas en la calidad y la sostenibilidad en detrimento tanto de las autoridades públicas y las empresas privadas que respetan la ley", subraya Paetzold. "Barato puede llegar a ser muy caro en el final!", sentencia.


Por lo demás, la Fiec acoge con especial satisfacción las medidas destinadas a reducir la carga administrativa del procedimiento, lo que ayudaría a las pymes en particular. "Hacemos un llamamiento a nuestras federaciones miembros nacionales para ser extremadamente vigilantes durante el proceso de transposición con respecto a los cambios en los aspectos sociales, la subcontratación y los detalles específicos del procedimiento, tales como los plazos para la presentación de una oferta, ya que podría llegar a ser contraproducente", explica Paetzold. "En particular, la ampliación del ámbito de ´in-house´ y la cooperación público-público podría llevar a una competencia desleal y mercados reducidos para la empresa privada, en caso de abuso".


Por último, la Fiec alienta a los poderes adjudicadores de los estados miembros a que hagan uso de la ´mejor calidad-precio relación´, criterio de adjudicación por el bien de la calidad y la sostenibilidad de las obras de construcción. "El precio como único criterio de adjudicación debería haber sido prohibido para los contratos complejos, tales como la construcción", concluye Paetzold.

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