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Estas tres instituciones trabajan conjuntamente en la consecución de un ambicioso objetivo: la reducción global de la demanda energética del parque edificado existente en un 80% para 2050, en comparación con los niveles del año 2005.
Según afirman, “convertir la rehabilitación de edificios en una prioridad política aportaría a nuestro país, de forma inmediata y duradera, numerosos beneficios económicos, sociales y medioambientales”. Entre las medidas que propugnan se encuentran:
Consolidar la recuperación económica
El sector de la construcción –uno de los motores tradicionales de nuestra economía- ha sido uno de los más dañados desde que comenzó la crisis en el año 2007. Ha perdido más de 200.000 empresas y más de 1.400.000 trabajadores.
En relación con la rehabilitación de edificios, entre 2007 y 2013, ha habido una disminución del 35% en el número de visados de obra (24.475 en 2013 frente a 37.424 en 2007).
La rehabilitación de edificios supondría un nuevo empuje para el sector y para la economía en general, ya que la construcción representa oportunidades reales en términos de empleo y actividad económica, por su capacidad de arrastre de otros subsectores.
Recuperar el empleo
Se estima que la ayuda pública requerida para crear un puesto de trabajo en rehabilitación es del orden de 13.500 a 14.500 euros, lo que contrasta con los 19.991 euros que supone el coste anual en subsidio, en promedio, por cada trabajador desempleado. Invertir en rehabilitación energética de edificios podría crear hasta 212.300 puestos de trabajo en 2020.
Apoyar a las PYMES
En España, la gran mayoría de las empresas activas en el sector de la construcción son microempresas, el 98,75% emplean a menos de 20 personas. La rehabilitación energética abre nuevos canales y empleos diversificados con elevado valor añadido.
Reducir la pobreza energética
En nuestro país, el 16,6% de los hogares sufren de pobreza energética: más del 10% de sus ingresos se dedican a gastos energéticos. Esto se traduce en la incapacidad de un hogar de satisfacer una cantidad mínima de servicios de energía para sus necesidades básicas, como mantener la vivienda en unas condiciones de climatización adecuadas para la salud (18 a 20º C en invierno y 25º C en verano).
Las causas que generan esta precariedad energética son diversas: bajos ingresos del hogar, calidad insuficiente de la vivienda, precios elevados de la energía, precios elevados de la vivienda, etc. Sus consecuencias en el bienestar son también variadas: temperaturas de la vivienda inadecuadas, incidencias sobre la salud física y mental (incluyendo mortalidad prematura de ancianos), riesgo de endeudamiento y desconexión del suministro, degradación de los edificios, despilfarro de energía, emisiones, etc.
Apoyar a las finanzas públicas
Los beneficios de la rehabilitación energética de edificios no recaen sólo en el sector de la construcción: por cada 1% del PIB invertido en rehabilitación, el 0,62% retorna a las Administraciones Públicas, bien como pago directo por IVA (0,21%), por otros impuestos indirectos y directos o por aumento de Cotizaciones Sociales relacionadas con el aumento del empleo (0,11%).
A esta estimación se deben añadir los impuestos dependientes de las administraciones locales y autonómicas, tales como Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) e Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP).
Mejorar la calidad de vida en las viviendas
La rehabilitación de edificios persigue varios objetivos: mejorar su eficiencia energética, sus condiciones de accesibilidad y su estado de conservación. - En España existen 920.000 edificios dedicados a uso residencial cuyo estado de conservación es ruinoso, malo o deficiente.
- Hay 2.268.000 edificios que –a pesar de que su estado de conservación es bueno- tendrán que realizar el Informe de Evaluación del Edificio.
- Hay 5.412.000 edificios de viviendas de dos o más plantas sobre rasante que tienen problemas de accesibilidad.
- Solamente el 4,59% de los edificios existentes se construyó conforme al Código Técnico de la Edificación de 2007, el 39,1% se construyó conforme a la normativa básica de 1979 y el 56,31% se construyó sin ninguna normativa mínima de ahorro de energía. Esto implica quede un total de 9’7 millones de edificios, 9’3 millonesno cumplen las exigencias básicas de ahorro de energía (a no ser que hayan acometido obras de rehabilitación).
Cumplir los objetivos medioambientales y energéticos de la UE
Los edificios son responsables del 40% del consumo energético de la Unión Europea y de alrededor del 36% de las emisiones de gases de efecto invernadero.
El Ministerio de Fomento estima que la rehabilitación de casi 2 millones de viviendas de aquí a 2020 con llevaría el ahorro de 5.077 kTep (el 32% del objetivo marcado por la Directiva de Eficiencia Energética) y se evitaría la emisión de casi 15 millones de toneladas de CO2.
Reducir nuestra dependencia energética
España es el segundo país de la Unión Europea, dentro del grupo que más energía consumen -Italia, Alemania, Francia y Reino Unido-, con una tasa de dependencia energética del exterior más elevada, un 73%.
De entre esos cinco grandes consumidores, que absorben el 64% del consumo total en la UE, solo Italia superó el nivel de dependencia energética de España, con un índice del 81%. Además de los riesgos geo-políticos inherentes a la dependencia de países terceros, las elevadas importaciones suponen un gasto económico enorme: actualmente, la UE gasta mil millones de Euros al día en importar energía de países terceros.
Recientes investigaciones han puesto de manifiesto que el 61% del gas que se importa en la UE va destinado a los edificios. Si el objetivo global de la campaña Renovate Europe se cumpliera, para el año 2040 los edificios de la UE se auto-abastecerían.
