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Asagua asegura que, o se toman medidas, “o el sector no saldrá de la situación de atonía en la que está sumido desde hace años. Llevamos tres años denunciando esta situación, que ha generado bajas a unos límites carentes de razón y justificación”, dijo su portavoz, Antolín Aldonza.
El origen de las desorbitadas bajas en las licitaciones se encuentra en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y otros factores como la denominada “situación del mercado”, referida, según Asagua, a la decisión del Ejecutivo de cargar al máximo el ajuste fiscal en la inversión, “algo que ha provocado un daño irreversible que ya no solo afecta a las empresas, sino que se acusa en el medioambiente, en la falta de conservación que incide sobre las condiciones medioambientales de las aguas, situación propiciada por el brutal recorte en la licitación pública del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente”.
Las obras “cuestan lo que valen”, afirmó Aldonza. “Durante los tres últimos años las ofertas económicas en las licitaciones han alcanzado niveles insostenibles y ni los técnicos de la Administración se equivocan tanto, ni los de las empresas son tan hábiles”. En estos ejercicios el presupuesto para obras de agua se ha visto incluso reducido a la mitad y se dan situaciones en las que no se hace la obra, simplemente se abandona porque lo contrario lleva al contratista a perder dinero.
Asagua denuncia que con los pliegos actuales, cuando se valora más de un criterio, el conseguir la mejor oferta técnica, no supone ser la adjudicataria, “con el mal resultado para los intereses públicos derivado del hecho de que la adjudicataria sea una oferta técnica mediocre”.
En cuanto a la aprobación de los planes hidrológicos, conforman programas de medidas en los que todas las confederaciones hidrográficas realizarán actuaciones con grandes inversiones, “el problema es que no hay dotación para ellas”. Los nuevos planes hidrológicos revisados y que han de aprobarse este año, no prometen mejorar la situación, “veremos si se aprueban en plazo”.
Necesita 15.000 millones de euros
Asagua considera que España precisa 15.000 millones de euros para invertir en nuevas infraestructuras. Y ni el Plan Hidrológico Nacional, ni la Ley del ciclo integral del agua urbana acaban de materializarse. “Urge una ley sectorial que establezca un marco estable y seguro que permita y anime a la inversión privada y un régimen económico financiero de la utilización del dominio público hidráulico (canon de control de vertidos, tarifas por tramos de consumo para el suministro, canon de regulación y tarifa de utilización del agua), que permita generar ingresos suficientes para cubrir el mantenimiento y conservación de las infraestructuras existentes y la ejecución de otras nuevas”.
La asociación cerró el repaso al sector con la Ley de Desindexación, cuyo objetivo final en materia de Contratos del sector Público, "a juzgar por el proyecto de reglamento, es que las revisiones de precios devengan en inexistentes, cuando no hagan devolver dinero". Denuncia que la actual normativa provoca que el Ejecutivo pueda aplicar la norma más conveniente, según el caso. Considera que las competencias en materia de aguas deberían trasladarse de los ayuntamientos a otros niveles administrativos, “lo que conllevaría la creación de un regulador único”, concreta.
