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“Por fin se hace justicia, y se pone fin a la discriminación sufrida no solo por los Ingenieros Técnicos Industriales sino por el resto de Ingenieros, para la realización de los Informes de Evaluación de Edificios conforme a la Ley 8/2013”, se felicitan desde Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial, Cogiti.
Y esto es así, porque el informe de la CNMC recoge que la exclusión de los Ingenieros Técnicos Industriales de la redacción de informes de Evaluación de Edificaciones constituye “una restricción de acceso a la actividad económica” en el sentido del artículo 5 de la Ley 20/2013 de Garantía de la Unidad de Mercado, así como del artículo 39bis de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común”, y todo ello al no haberse motivado razón imperiosa de interés general para su reserva a profesiones concretas.
Hasta la fecha, las diferentes administraciones, tanto autonómicas como locales, “estaban impidiendo la presentación de estos informes realizados por ingenieros, basándose en un informe de la Subdirección General de Urbanismo del Ministerio de Fomento”, en el que se indicaba la restricción de los mismos para Arquitectos y Arquitectos Técnicos, “algo que ha sido rebatido y argumentado en contra, en multitud de ocasiones por nuestro Consejo General, y otras organizaciones colegiales de Ingenieros”, dicen.
“Esta situación de indefensión ha provocado muchísimos problemas a los miles de Ingenieros, que desde la promulgación de la Ley 8/2013 han visto como después de realizar sus trabajos con la máxima profesionalidad, éstos han sido rechazados una y otra vez por las diferentes Administraciones”
El presidente del Cogiti, José Antonio Galdón Ruiz, manifiesta sentirse altamente satisfecho por el contenido de este informe, que viene a expresar lo que han defendido desde el Consejo General desde el principio, y espera que se ponga fin a la injusticia que se ha cometido con miles de profesionales. "Tenemos que ir dejando a un lado los cotos cerrados para determinados profesionales que no estén basados en conocimientos, y apostar por una competencia sana que fomente la competitividad y genere garantías y seguridad a la sociedad. En este aspecto, los Colegios Profesionales hemos de ser garantes y rebajar el nivel de corporativismo, para confluir en modelos de habilitación profesional que permita a nuestros compañeros mantener un desarrollo profesional continuo acompañado de una versatilidad y evolución de las atribuciones profesionales", indicó Galdón.
