A raíz de la aprobación en el año 2012 de la Directiva 2012/27/UE de 25 de octubre, relativa a la eficiencia energética, con el fin de establecer un marco para luchar, desde la perspectiva de la eficiencia, contra el cambio climático, la escasez de recursos, la dependencia energética y la crisis económica, España presentó su “Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España”, que fue una de las mejor valoradas por su evaluación técnica del parque existente y las oportunidades de ahorro energético.
“Probablemente, explica la FLCQA, existan barreras económicas que no están permitiendo que las familias accedan con unas condiciones ‘blandas’ al pago de la rehabilitación. En el caso de actuaciones en la envolvente térmica no se consiguen encontrar fórmulas económicas atractivas como para la renovación de estas últimas, ni las entidades bancarias ven factible asumir el riesgo. También existe un problema de generación de demanda de rehabilitación por parte de los ciudadanos, que sigue sin resolverse a pesar de algunos intentos por mejorar la comunicación y sensibilización ciudadana por parte del Gobierno estatal que ha resultado insuficiente.
Bajo este escenario, España deberá presentar en menos de un año una actualización de dicha estrategia, partiendo del documento de 2014, exitoso en contenido, pero que recibiría un suspenso si atendemos a su traducción en hechos y a la consecución de un verdadero impulso de la rehabilitación en España.
Por todo ello, la Fundación solicita que, en paralelo a la elaboración de normativas y el cumplimiento de las Directivas europeas y a la redacción de estrategias de gran reconocimiento, se pongan en marcha mecanismos reales y efectivos para impulsar de forma notable la tasa de renovación anual de los edificios existentes.