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Esta nueva Ley supone que un ministerio como Fomento debería justificar que la contratación sin concurso de la ingeniería pública Ineco es, en efecto, la opción más rentable. Para la patronal de ingenierías FIDEX, que agrupa a diez de las empresas más importantes e internacionalizadas del sector de la ingeniería en España, si no existe un control directo de la Administración este avance será “papel mojado”, por lo que debería ser un organismo como la Intervención General del Estado, IGAE, quien velara por el cumplimiento de la nueva ley.
Ineco trabaja “a tarifa” y sin bajas económicas, cuando el sector privado en las licitaciones se ve obligado a ofertar bajas que en algunos casos pueden llegar al 60% del presupuesto de licitación, por lo que va a resultar complicado justificar que contratar a Ineco es lo más rentable y eficiente.
Para que un ministerio adjudique a un medio propio como Ineco la propia legislación ya pone límites, pues deben darse circunstancias de urgencia o seguridad nacional. Sin embargo, la realidad es que más del 50% de las inversiones de Fomento en ingeniería en 2015 se adjudicaron directamente a Ineco mediante encomiendas de gestión.
Según FIDEX, una ingeniería pública como Ineco está justificada y es necesaria, pero siempre y cuando se limite al ámbito de actuación para el que fue creada. Y no es una denuncia exclusiva de la asociación, sino que la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, CNMC, y el Tribunal de Cuentas han insistido en repetidas ocasiones en la necesidad de controlar la actividad de los medios propios de la Administración.
