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El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso de APPA contra la Orden ETU/130/2017, de actualización de los parámetros retributivos de las instalaciones renovables, que supone una reducción de la retribución regulada de las energías renovables de 600 millones de euros en el trienio 2017-2019 en relación con la que les correspondería aplicando correctamente la metodología establecida por el propio Ministerio.
“El esquema de retribución de las energías renovables se basa en que las instalaciones han de alcanzar una rentabilidad razonable que se obtiene al contemplar la inversión realizada, los ingresos previstos por el mercado eléctrico y las retribuciones reguladas. Al elevar de forma artificial el precio estimado para los años futuros, el Ministerio no sólo compromete los ingresos futuros del sector sino que, para mantener esa rentabilidad razonable, reduce de manera automática la retribución regulada prevista para el trienio 2017-2019”, explica APPA.
Según las palabras de José Miguel Villarig, presidente de la asociación, “esta distorsión en la previsión del precio futuro de la electricidad es la forma que tiene el Ministerio de ningunear al sector renovable, aplazando e incluso negando ingresos que, con sus propias normas, le pertenecen legítimamente”.
