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El sector de la construcción es uno de los más familiarizados con los beneficios de las normas técnicas. Estas impulsan la legalidad, seguridad y calidad de los procesos, sistemas, servicios y productos vinculados a la construcción.
De esta cifra, más de 2.000 normas UNE aparecen citadas en la legislación sobre construcción, que facilitan a el despliegue de las políticas públicas y la elaboración de pliegos, y a las empresas el cumplimiento de los requisitos legales. De hecho tienen el reconocimiento de las Administraciones y del mercado como medio para demostrar su cumplimiento.
Además, los estándares tienen otras ventajas para el sector: mejoran las condiciones de seguridad de los trabajadores; incrementan la accesibilidad del entorno construido; contribuyen a la sostenibilidad e impulsan las políticas públicas sobre BIM (Building Information Modeling).
Las normas, de carácter voluntario, recogen el consenso del mercado sobre las mejores prácticas en aspectos clave para la competitividad de las organizaciones y son el resultado de la labor conjunta de los sectores económicos y Administraciones.
Los organismos que usan los métodos técnicos experimentan beneficios económicos, hasta el 5% de sus ingresos anuales por ventas, al tiempo que reducen un 7% los costes empresariales. Para el conjunto de la economía española suponen el 1% del PIB.
