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La sustitución de las licencias de primera ocupación y funcionamiento por la figura de la declaración responsable en la tramitación de proyectos de viviendas residenciales "evitará un aumento en los precios de obra nueva en Madrid gracias a la reducción de plazos en la tramitación". Así lo aseguraba el delegada del Área de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Madrid, Mariano Fuentes Sedano, en su intervención durante un encuentro organizado por el Colegio de Aparejadores Madrid.
Mariano Fuentes presentó ante los aparejadores de Madrid, promotores, arquitectos y otros agentes del sector, la instrucción sobre la nueva tramitación urbanística enviada por el Ayuntamiento a la Dirección General de Edificación, a la Agencia de Actividades y a las 21 juntas de distrito, áreas encargadas de gestionar este tipo de licencias en el consistorio madrileño. El documento también ha sido remitido a las Entidades de Colaboración Urbanística (ECU), entre las que figura la Sociedad Técnica de Tramitación (STT), del Colegio de Aparejadores de Madrid.
La modificación de la Ley del Suelo, en vigor desde el pasado 4 de noviembre, otorga un año de plazo a las administraciones locales para que adecúen sus ordenanzas a la nueva realidad de la declaración responsable en el sector residencial. "Para el Ayuntamiento de Madrid, ese año de plazo era inaceptable, teniendo en cuenta las peticiones del sector de la edificación. Ninguna administración pública que se precie y que valore la colaboración público-privada puede esperar ni un año, ni nueve meses ni tres", indicó Mariano Fuentes.
De ahí la instrucción emitida a nivel interno por el Ayuntamiento solo un día después de la entrada en vigor de la modificación de la ley. El objetivo, según el responsable de urbanismo, es “aportar la información suficiente a todos los funcionarios del Ayuntamiento sobre cómo se debe de proceder a la hora de interpretar esta modificación”.
Qué supone la declaración responsable para los promotores residenciales
El responsable de urbanismo de la capital apuntó que si bien esta figura "no supone barra libre en materia de proyectos", se trata de un "cambio conceptual en la forma de controlar la acción urbanística". Antes se realizada una revisión previa de los expedientes, ahora, con el cambio en la ley, el trabajo de los proyectistas y promotores y las comprobaciones se realizará a posteriori.
Junto a la tramitación de proyectos de vivienda nueva, las edificaciones auxiliares y de menor complejidad técnica se gestionarán también mediante declaración responsable, así como los cambios de uso de local a vivienda. Mariano Fuentes recordó la experiencia del Ayuntamiento de Madrid con esta modalidad, pues tramita un volumen de unos 6.000 expedientes anuales de declaración responsable desde 2012.
El consistorio, según Fuentes Sedano, continúa trabajando en unificar las dos ordenanzas urbanísticas vigentes en la capital: “La Ordenanza de Tramitación de Licencias Urbanísticas establece licencias, comunicaciones previas y declaraciones responsables, mientras que la Ordenanza de Actividades Económicas establece licencias y declaraciones responsables. Con la nueva ley se transformarán todos los trámites de estas ordenanzas en dos únicos procedimientos para todos los usos: el de licencia y el de declaración responsable”.
“A partir de ahora, tendremos que volcarnos mucho más en los procesos de inspección a posteriori”, admitió el delegado de Desarrollo Urbano, que recordó que el nuevo marco requiere “unas mayores responsabilidades” por parte los técnicos.
Al término de su presentación, Mariano Fuentes resolvió las principales dudas que la modificación de la Ley del Suelo suscitó entre los asistentes al encuentro. La videoconferencia batió todos los récords de asistencia en eventos organizados por el Colegio y es el segundo encuentro de un ciclo iniciado el pasado 5 de noviembre sobre las modificaciones introducidas en la Ley del Suelo de la Comunidad deMadrid.
El acto fue presentado por el presidente del Colegio de Aparejadores de Madrid, Jesús Paños Arroyo. El Colegio también estuvo representado por su director-gerente, Luis Gil-Delgado, por la directora de la Sociedad Técnica de Tramitación (STT), Belén Velasco Sardón, y por el jefe de los servicios jurídicos, Jorge Heras de los Ríos.
