El informe desgrana la situación por segmentos. La producción en la rama de edificación se incrementará un 7,6% respecto a 2020 mientras que la ingeniería civil lo hará un 4,5%. El avance del primero será superior al segundo ya que estará impulsado por la rehabilitación, que avanzará un 10,4%, mientras que las viviendas de obra nueva contribuirán con un crecimiento del 8% y la edificación no residencial aumentará un 4,9%.
Sin embargo, la patronal destaca que el crecimiento del sector podría haber sido mucho más significativo, puesto que la implementación de los fondos Next Generation será más tardía de lo previsto. Como ejemplo, señala que el Real Decreto que regula los 50 millones para rehabilitación en municipios de menos de 5.000 habitantes se publicó el 4 de agosto y las CCAA no han avanzado en sus convocatorias, al igual que con los 150 millones para impulsar las energías limpias.
Asimismo, la patronal alerta de que la ejecución de las obras que se prevén acometer con la llegada de las ayudas comunitarias podría verse afectada por la falta de mano de obra. En este sentido, la construcción necesitará alrededor de 700.000 trabajadores y podría batir la cifra de dos millones de ocupados al estar presente, de manera directa o indirecta, en siete de cada diez euros provenientes de Europa.
Otra de las principales amenazas para el sector será la escalada del precio de las materias primas, frente a la que CNC ha pedido al Gobierno la derogación de la Ley de Desindexación para garantizar la viabilidad de los proyectos y la estabilidad de los contratos, por lo que defiende el establecimiento de un sistema que reequilibre y tenga en cuenta las alteraciones de precios posteriores a la presentación de ofertas.
Según el presidente de la Construcción (CNC), Pedro Fernández Alén, “el empleo en el sector de la construcción está creciendo más del doble que la media en España. No obstante, se requiere mano de obra cualificada ya que no sólo supone un freno para el crecimiento de uno de los sectores más determinantes para la recuperación económica de España, sino que podría ralentizar la llegada de las ayudas comunitarias, que deben estar ejecutadas, como máximo, en 2026”.