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De esta manera, la industria, la universidad y los gobiernos aúnan sus fuerzas para superar una de las barreras más comunes a la hora de elaborar las políticas que garanticen una construcción climáticamente neutra: la falta de datos fiables e integrales sobre los edificios.
“Para comprender un fenómeno en toda su complejidad es necesario medirlo; conocer en qué medida el sector de la construcción contribuye al calentamiento global es un aspecto fundamental para diseñar acciones efectivas que ayuden a reducir el riesgo del cambio climático”, declara Antonio García Martínez, investigador de la Universidad de Sevilla responsable de la coordinación técnica del proyecto.
En este sentido, Indicate permitirá acelerar el desarrollo de políticas europeas mediante la generación de esos datos de referencia claves para la edificación, lo que facilitará a los legisladores establecer los límites de carbono en todo el ciclo de vida de los edificios. Esto es, desde la fabricación de los materiales, hasta la construcción, la demolición y el procesamiento de los residuos generados.
"El sector de la edificación, pieza clave en esta situación de crisis ambiental múltiple, tiene el compromiso de conseguir un parque inmobiliario descarbonizado para 2050 y eso es gradual, implica resolver muchas lagunas y no se consigue de la noche a la mañana”, afirma Beatriz de Diego, experta del Área Técnica de GBCe en el proyecto Indicate.
Falta de datos disponibles
En la actualidad, la legislación sobre construcción en Europa aborda solo las emisiones de carbono operativo del edificio. Estas emisiones de carbono embebidas —que junto al carbono operativo se conocen como carbono del ciclo de vida— pueden suponer más de la mitad de la huella de carbono total de un edificio nuevo y amenazan con consumir los presupuestos nacionales de carbono disponibles en la construcción mucho antes de poder cumplir con los objetivos de cero emisiones para 2050.
La falta de datos disponibles en España, como en otros tantos países europeos, impide seguir los pasos de Dinamarca, Finlandia, Francia o Países Bajos, que ya han promulgado políticas de carbono en todo el ciclo de vida. Indicate viene a cambiar este contexto mediante la colaboración público-privada, que garantiza un amplio apoyo e inversión por parte de la industria y los gobiernos. De esta forma, pretende ser solo el comienzo de un programa a escala europea que permita cuantificar y reducir de forma rápida las emisiones de carbono.
“El sector entero necesita ponerse al día porque, en solo cuatro años, los edificios tendrán que informar obligatoriamente de las emisiones de gases de efecto invernadero que producen durante sus 50 años de vida, utilizando la metodología de análisis de ciclo de vida”, explica De Diego.
El 14 de marzo, el Parlamento Europeo ha dado sus primeros pasos en la regulación del Whole Life Carbon (WLC) —carbono de ciclo de vida—, con propuestas para introducir informes obligatorios en la revisión de una pieza clave en la política europea de la edificación, como es la Directiva de Eficiencia Energética de los Edificios (EPBD, por sus siglas en inglés). La revisión, en su forma actual, introduce la obligación de informar sobre el carbono de ciclo de vida para todos los edificios nuevos a partir de 2027 y exigiría la creación de límites nacionales de WLC a partir de 2030. Y, lo que es aún más relevante, la Comisión Europea tendría que establecer un marco armonizado de información sobre el WLC en la UE para finales de 2025.
