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“La nueva Directiva destaca el papel ejemplar de las Administraciones Públicas para aumentar la eficiencia energética de sus instalaciones, y, para ello, recomienda la sustitución de los equipos de calefacción más contaminantes por otros con mejor rendimiento, pero en ningún caso prohíbe el uso de calderas, independientemente de la naturaleza de su combustible”, explican desde Agremia, la Asociación de Empresas del Sector de las Instalaciones y la Energía.
Según esta revisión, los países miembros de la Unión Europea tendrán que garantizar una reducción del consumo de energía de al menos el 11,7 % en 2030, o lo que es lo mismo, reducir 763 millones de toneladas de petróleo para el consumo final de energía.
Con el fin de alcanzar el compromiso energético manifestado por la UE, la Directiva busca conseguir un ahorro anual de del 1,3 % en 2024 y 2025; del 1,5 % en 2026 y 2027; y del 1,9 % entre 2028 y 2030, para lo cual será importante, destacan desde Agremia, la hibridación de tecnologías capaces de proporcionar ahorro, confort y salubridad a los hogares europeos.
España cuenta con un período de dos años para transponer la Directiva a su legislación nacional.
