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Si bien hace unos meses la inflación de los productos relacionados (principalmente con aislamiento e impermeabilización) parecía haberse estabilizado, “en las últimas semanas se ha iniciado una escalada repentina y continuada que pone en riesgo la ejecución de obras”.
“Desde el gremio somos conscientes de que hay diversos factores externos, de fuerza mayor, como el incremento de costes de las materias primas o los retos en el transporte internacional, pero también pedimos a todo el sector de construcción, a toda la cadena de valor, que sea consciente de la situación actual”, señalan.
Las subidas inmediatas y coordinadas por parte de los fabricantes “amenazan” con la paralización de los trabajos, si no se realiza una revisión generalizada de los costes o se realiza un aprovisionamiento previo en la propiedad.
Desde Anedi consideran que hoy en día “no tiene sentido”, con criterios medioambientales, técnicos y operativos, generar stock de los materiales en almacenes intermedios, “sino que lo lógico es que estos productos de construcción se sirvan en obra, en el momento de la ejecución de los trabajos”.
Ante esta situación, desde ANEDI se hacen tres recomendaciones:
• A promotores y constructores: garantizar la disponibilidad de los productos necesarios para su obra, mediante un depósito previo, que permita la conservación del stock necesario a un coste fijo y su puesta a disposición en el momento adecuado, para evitar deterioros o problemas logísticos.
• A contratistas especializados: incluir en sus ofertas y contratos cláusulas de revisión de precios, debido a motivos externos de fuerza mayor (como es este caso) y condicionar los costes de la prestación de servicios a un depósito o aval por parte de la propiedad, para evitar la paralización de los trabajos.
• A fabricantes: planificar sus stocks para fabricación de productos, respetando los costes pactados e informar con mayor antelación de los incrementos de tarifas, para que exista un plazo legal de negociación en el mercado, entre especialistas y promotores o constructores.
En especial, se pide que toda la cadena de valor, empezando por los fabricantes, dispona de un plazo razonable de al menos 3 ó 4 semanas antes de efectuar incrementos de tarifas.
“Sin este preaviso, entramos en un marco donde cualquier tipo de planificación, organización o trabajo resultan totalmente imposibles”, concluyen.
