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La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, se ha reunido con la Federación Española de Municipios y Provincias para abordar el impacto de las viviendas turísticas en el mercado residencial y la agilización de licencias de obra. Durante el encuentro, destacó la necesidad de una mejor regulación, el avance en la digitalización del registro turístico y el aumento de la inversión en vivienda pública.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, se ha reunido con la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y ProvinciasFemp, para analizar el impacto de las viviendas de uso turístico en los municipios y su repercusión en el mercado residencial. Durante el encuentro, también se abordó la necesidad de agilizar la concesión de licencias de obra para nuevas construcciones, en línea con las prioridades del Gobierno.

Rodríguez subrayó la importancia del consenso entre administraciones para afrontar el desafío de la vivienda y destacó el papel clave de los ayuntamientos en la búsqueda de soluciones. “El acuerdo y el diálogo son fundamentales para garantizar el derecho a la vivienda y promover ciudades que no se conviertan en meros parques temáticos, sino en espacios de convivencia”, afirmó.

Avances en la regulación y ampliación del parque público de vivienda

Entre las iniciativas destacadas, la ministra resaltó la creación de la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos, cuyo objetivo es garantizar la legalidad de los alojamientos turísticos. Actualmente, la plataforma cuenta con 5.300 viviendas registradas, asegurando que solo puedan comercializarse aquellas que cumplan con la normativa municipal, autonómica y estatal.

En materia de vivienda pública, Rodríguez señaló que la licitación de obra destinada a este fin alcanzó en 2024 los 1.930 millones de euros, un 51,4% más que en 2023. Este avance, según la ministra, es un paso clave para alcanzar el objetivo de que el parque social de vivienda represente el 9% del total, acercándose a la media europea. Desde 2018, el Gobierno ha destinado 20.400 millones de euros a este propósito, logrando incrementar el parque social del 2,5% al 3,4%.

Por otro lado, el Ministerio de Vivienda firmará en las próximas semanas convenios con 66 ayuntamientos valencianos afectados por la Dana, destinando 10 millones de euros para la reconstrucción y adaptación urbana frente al cambio climático. Además, se trabaja en la incorporación de otros doce municipios a esta iniciativa.

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