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Para cumplir con los objetivos de descarbonización establecidos por la Unión Europea y reducir la demanda energética en los edificios, España necesita renovar los sistemas de calefacción en unos 270.000 hogares al año hasta 2050. Sin embargo, a pesar de las ayudas disponibles, como el Plan Ahorra con CAEs, que incentiva la sustitución de sistemas ineficientes basados en combustibles fósiles por soluciones renovables, Agremia, la Asociación de Empresas del Sector de las Instalaciones y la Energía, advierte que los consumidores aún carecen de incentivos fiscales efectivos.
Según el informe del sector de la calefacción de 2024 elaborado por Fegeca, la Asociación de Fabricantes de Generadores y Emisores de Calor, el mercado de las bombas de calor aerotérmicas ha experimentado una desaceleración significativa. En el último año, las ventas de unidades multitarea, aerotermia y geotermia, han caído un 13,4%, pasando de 68.000 a 59.000 unidades.
Ante este contexto, Agremia ha solicitado al Ministerio de Hacienda una modificación del artículo 74 del Real Decreto Legislativo 2/2004, que regula las Haciendas Locales, con el fin de permitir a los ayuntamientos ampliar las bonificaciones fiscales en el IBI y otros tributos asociados a la edificación. Actualmente, muchos municipios, como Madrid, aplican reducciones fiscales únicamente a instalaciones solares térmicas y fotovoltaicas, sin incluir otras tecnologías renovables como la aerotermia, la geotermia o los gases renovables.
"Las bonificaciones deberían extenderse a la sustitución de sistemas de calefacción basados en combustibles fósiles por equipos más eficientes y sostenibles", señala Emiliano Bernardo, presidente de Agremia. Sin embargo, según la asociación, los ayuntamientos han respondido que no pueden aplicar estos beneficios mientras no se modifique el marco normativo vigente, que solo contempla exenciones para la energía solar y la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos.
Agremia sostiene que equiparar las bonificaciones fiscales para todas las tecnologías renovables aceleraría la modernización del parque inmobiliario, mejorando la eficiencia energética, la calidad del aire y reduciendo las emisiones de CO₂. Además, permitiría a los ciudadanos recuperar parte de la inversión realizada a través de deducciones fiscales.
"Han pasado dos décadas desde la publicación de esta norma, y en este tiempo la evolución tecnológica en energías renovables ha sido exponencial. Es fundamental actualizar la legislación para facilitar la transición energética", concluyen desde Agremia.
