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La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha alertado este lunes sobre la proliferación de alojamientos turísticos ilegales en la ciudad de Madrid, donde solo el 7% de estas viviendas están registradas conforme a la normativa vigente. La advertencia se produjo durante una reunión con la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, Fravm, en la que también participaron el secretario de Estado de Vivienda, David Lucas, y la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto.
Rodríguez ha calificado la situación de “atrocidad” y ha subrayado su impacto tanto en la convivencia vecinal como en el acceso a la vivienda, al reducir la oferta residencial y tensionar el mercado del alquiler. “Estas viviendas turísticas ilegales están impidiendo los desarrollos de vida de miles de madrileños”, afirmó, añadiendo que también representan una forma de especulación inmobiliaria que requiere una respuesta firme por parte de las administraciones.
Durante el encuentro, la ministra reiteró el compromiso del Gobierno con el cumplimiento del Artículo 47 de la Constitución, que reconoce la vivienda como un bien social. En este sentido, recordó las medidas ya adoptadas, como facultar a las comunidades de vecinos para vetar la presencia de alojamientos turísticos en sus edificios, o la actuación del Ejecutivo para gravar con IVA estas actividades cuando operan como negocio, en competencia con el sector hotelero y de restauración.
“Más viviendas y menos Airbnb, especialmente si son ilegales”, sentenció Rodríguez, poniendo el foco en la necesidad de limitar este tipo de oferta en plataformas digitales.
En relación con el acceso a la vivienda, la ministra señaló que medidas de contención de precios aplicadas en otras ciudades, como Barcelona, ya han permitido reducir el coste del alquiler un 6%. En su opinión, resultados similares podrían lograrse en Madrid si existiera coordinación institucional.
Además, recordó que cerca de 500.000 propietarios en la Comunidad de Madrid podrían beneficiarse de bonificaciones fiscales de hasta el 90% si aplicaran reducciones del 5% en el precio del alquiler a sus inquilinos. “Esto no solo beneficiaría a los arrendadores y arrendatarios, sino también a la dignidad en el acceso a la vivienda”, concluyó.
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