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Según estas agrupaciones, la quiebra de proyectos los dejará en manos de las entidades bancarias y aumentará el riesgo financiero. Matizan que la prometida “rentabilidad razonable” del 7,5% es muy inferior al aplicar impuestos y dependerá de los estándares que discrecionalmente establezca el Gobierno.
Leer más »El organismo, que aglutina a 50 colegios profesionales de ingenieros técnicos industriales, ha constatado que las correspondientes compañías o profesionales ofrecen estos certificados "a distancia" y que es el cliente quien suministra "a su libre antojo los datos o fotografías del edificio, o la parte del mismo que vaya a ser objeto de esta verificación".
Leer más »Una encuesta elaborada por Breeam España e IPD pone de relieve que el consumo de energía es el criterio de sostenibilidad más empleado (28%), junto al confort de los usuarios (23%) y el consumo (21%).
Leer más »Un estudio de DBK augura que este año la potencia acumulada de las instalaciones de energía eólica y solar ubicadas en territorio español superará los 31.000 MW, que supondrá 1.800 MW más que en 2012.
Leer más »Junto con EWEA y la AEE, APPA se reunió con el comisario europeo de energía para transmitirle que las severas medidas regulatorias del Gobierno español pueden crear un serio precedente en Europa. Las tres asociaciones piden que la Comisión Europea actúe para evitar que el segundo país más importante de la UE en eólica destruya el valor de sus inversiones.
Leer más »El número de lámparas recogidas como residuos supone un ahorro de casi 182.000 toneladas de CO2.
Leer más »A partir del próximo 1 de junio, entrará en vigor la nueva clasificación para las viviendas en venta y alquiler, que traerá consigo la obligatoriedad de acreditar una certificación energética. Esto es, el grado de emisiones de CO2 y que va desde la letra A –mayor ahorro– hasta la G –mayor gasto– según el consumo de cada hogar. Una vez obtenida, se prevé que tenga validez para diez años. Esta etiqueta debe aparecer en todas las ofertas, anuncios y promociones. Según calculan los responsables de la ley, podría afectar a un millón y medio de casas.
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